TRES AÑOS DE RECESIÓN ECONÓMICA

Por Isaías Campaña 

La caída de las exportaciones petroleras generó crecientes déficits presupuestarios, lo que obligó al Ejecutivo a acudir sistemáticamente al endeudamiento tanto interno como externo para cumplir con sus crecientes obligaciones financieras.

La economía ecuatoriana empezó a desacelerarse sostenidamente a partir de 2011, donde registró una tasa de crecimiento de 7,9%; años después, en 2015, descendió a una anémica tasa de 0,2%, según el Banco Central del Ecuador ([BCE], 2016). En este último año, varios sectores de la economía registraron tasas negativas de crecimiento: construcción -1,7%, refinación de petróleo -2,6%, transporte -2,1%, comunicaciones -2,6%, entre otros. La información devela que la economía se sumergió en una recesión económica —una de las fases del ciclo económico— que se puede atribuir, en parte, a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, principal producto de exportación del país, que descendieron, entre 2014 y 2015, de USD 84,3 a USD 42,1 por barril para la «cesta de crudo Oriente y Napo».

La teoría keynesiana considera que en condiciones de recesión de la economía se debe estimular la demanda agregada, particularmente a través de una política fiscal orientada a la expansión de la inversión pública. Bajo esta premisa, el Estado debe promover proyectos de infraestructura tales como carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, a efecto de generar fuentes de empleo e incentivar la demanda de bienes y servicios. En contracorriente a las políticas anticíclicas, el Comité de Comercio Exterior mediante resolución del 6 de marzo de 2015, estableció una sobretasa arancelaria, salvaguardia, a la importación de 2800 productos con el propósito de regular el nivel de importaciones y mitigar el desequilibro de la balanza de pagos. Se determinó una duración de 15 meses que debía finalizar en junio de 2016, pero se prorrogó hasta abril de 2017. Se establecieron sobretasas  de 45% a los bienes de consumo final; 25% a neumáticos, televisores, motos; entre otros bienes. La sobretasa arancelaria era adicional a los aranceles vigentes en el país. El Ejecutivo envió con carácter urgente a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia el 29 de abril de 2016, mediante el cual se incrementó drásticamente el Impuesto a los Consumos Especiales de cigarrillos y bebidas alcohólicas y azucaradas, y el impuesto del 5% a la salida de divisas a partir de tres salarios básicos que un ciudadano saque al exterior.

Las salvaguardias y el incremento generalizado de impuestos generaron sistemáticos aumentos de precios de los bienes y servicios, hasta convertirlo a Ecuador en uno de los países más caros en el contexto de América Latina. Sectores de ingresos medios y bajos de la población salían masivamente a realizar sus compras en Ipiales o Pasto y sectores de ingresos medios y altos demandaban bienes en Panamá o Miami, con el consiguiente drenaje de divisas del país. Ecuador perdió competitividad en los mercados internacionales por los altos precios de los productos de exportación. Igualmente, para los turistas extranjeros se volvió poco atractivo venir a Ecuador, restringiendo el ingreso de divisas al país. Las salvaguardias coadyuvaron a equilibrar en parte la balanza de pagos, en cambio contribuyeron decisivamente a la recesión de la economía.

La recesión de la economía afectó los niveles de empleo y subempleo. Según el INEC (2016), el desempleo a nivel nacional subió de 3,8% en diciembre de 2014 a 5,2% a septiembre de 2016, en términos absolutos 419.173 personas. El desempleo en la capital de la república, Quito, fue de 8,7%, Ambato 6,5%, Guayaquil 5,7%. El desempleo afectaba más a las mujeres que a los hombres, 6,6% y 4,2%, respectivamente.

La situación es más crítica cuando se toma en consideración el empleo inadecuado, esto es, personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo y personas que no registran ningún ingreso. A la misma fecha, 1.560.342 personas en condiciones de subempleo, 834.147 personas de «empleo no remunerado», 2.063.849 personas de «empleo no pleno» y 25.135 personas de «empleo no clasificado», que en conjunto suma 4.483.473 personas.

El primer mandatario dio un giro importante en la orientación de las políticas económicas que nos hizo recordar los gobiernos de la «larga noche neoliberal». El gobierno de la «Revolución Ciudadana» anunciaba la privatización de importantes empresas públicas: hidroeléctrica Sopladora, aerolínea TAME, Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, canales de televisión Ecuador TV, Gama TV y TC Televisión, ingenio Azucarero ASTRA, Flota Petrolera Ecuatoriana, Banco Pacífico. Posteriormente se anunció la decisión de concesionar las principales redes viales del país.

La caída de las exportaciones petroleras generó crecientes déficits presupuestarios, lo que obligó al Ejecutivo a acudir sistemáticamente al endeudamiento tanto interno como externo para cumplir con sus crecientes obligaciones financieras: pago a proveedores del Estado, sueldos y salarios de los servidores públicos, proyectos de infraestructura, pago de servicios de la deuda pública, pago por fallos internacionales. Según el Ministerio de Finanzas (2016), la deuda externa creció de USD 10.214 millones en 2006 a USD 23.624 millones a agosto de 2016, registrando una tasa de crecimiento de 131,3%. A su vez, la deuda interna aumentó de USD 3.277 millones a USD 13.186 millones, registrando una tasa de crecimiento de 302,4%. Los bonos emitidos por el Ejecutivo y adquiridos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) superan los USD 12.000 millones, es decir, a la seguridad social se le inundó de papeles, que podría convertirse en el transcurso del tiempo en una deuda incobrable, con el consiguiente perjuicio para los jubilados: 498.618 personas de Seguro General Obligatorio y 1.227.983 pensionistas y dependientes del Seguro Social Campesino.

El presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo 1218, estableció una nueva modalidad del cálculo de la deuda sobre la base de los estados consolidados de la deuda pública, de conformidad con el manual de estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La nueva forma de cálculo no toma en El presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo 1218, estableció una nueva modalidad del cálculo de la deuda sobre la base de los estados consolidados de la deuda pública, de conformidad con el manual de estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La nueva forma de cálculo no toma en cuenta la deuda con instituciones públicas como el IESS y, por tanto, desaparecen USD 11.275 millones del registro de la deuda pública. El porcentaje de la deuda con relación al producto interno bruto (PIB) baja artificialmente del 38,3 al 26,7% del PIB, con lo cual se da luz verde para seguir endeudándose.

El primer mandatario reiteradamente ha predicado que su gestión ha sido una «década ganada». Según la CEPAL (2016, p. 203), entre 2007 y 2016, la economía de Ecuador registró una tasa de crecimiento de 3,2% como promedio  anual. En el mismo periodo, varios países de América Latina alcanzaron tasas de crecimiento mucho más altas que la de Ecuador, tales como Panamá 7,4%, Perú 5,5%, República Dominicana 5,2%, Bolivia 5%, Colombia 4,2%, Costa Rica 3,7%, entre otros. Según previsiones del BCE (2016), la economía al finalizar el año 2016 registrará una tasa negativa de crecimiento de -1,7%. La construcción registrará una tasa de -10,3%, transporte -4,1%, pesca -5%, manufactura -2,9%, entre otros sectores. Si a esto añadimos que en 2015 la economía registró un crecimiento anémico de 0,2%, se puede inferir que prácticamente durante los dos últimos años la economía ha estado sumergida en una recesión.

Las perspectivas económicas para el año 2017 tampoco son nada halagadoras, como resultado del excesivo gasto público, generalizados subsidios y subvenciones a diferentes sectores de la población, bajos precios del petróleo en los mercados internacionales, elevada carga tributaria y abultado servicio de la deuda pública, que crece como una bola de nieve. No en vano organismos multilaterales como el FMI (2016, p. 252) proyecta para la economía de Ecuador una tasa negativa de crecimiento para 2017 de -2,7% y las proyecciones del Banco Mundial (2016, p. 130) son más pesimistas, una tasa de -4%. De la información se concluye que el modelo económico implementado por el gobierno de la «Revolución Ciudadana» no es viable ni a mediano ni a largo plazos, puesto que sencillamente, entre otros factores, los gastos del Estado son sumamente desproporcionados con relación a sus ingresos corrientes (ver Tablas 1 y 2).

tabla-15.jpg

tabla 2